Autoridad legal y Autoridad moral
Con el comienzo del curso escolar se reaviva el eterno e interesado debate sobre el modelo educativo o sobre escuela pública-escuela privada, esta última casi siempre concertada (o sea, financiada con fondos públicos. ¿Paradójico no?) o sobre las relaciones entre maestros y alumnos… En fin, sobre todos aquellos asuntos que al igual que sus actores han disfrutado, durante el verano, de un merecido descanso.
Casi superada la agria disputa que la derecha había alimentado en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, se hacia necesario, para los derrotados en sede judicial, encontrar otra añagaza que poder mostrar al gobernante de turno para que la educación, fundamental instrumento para la libertad de los pueblos y su progreso, siga atascada en la arena política. El arma arrojadiza que la «Doña» ha encontrado en esta ocasión, asesorada por la FAES debido, sin duda, a sus conocidas entendederas, ha sido la falta de autoridad de los maestros.
La palabra autoridad, como tantas otras en nuestra lengua, tiene varios significados, para la RAE seis, nosotros nos referiremos solo a dos de ellos, los números uno y tres de su diccionario, precisamente los que encabezan este escrito.
La primera, la legal o real, es la que el estado atribuye a muchas personas que trabajan para él, tras superar unas pruebas no muy exigentes, en algunos casos, en cuanto a su capacidad y aptitud intelectual, son los llamados «agentes de la autoridad». En el imaginario infantil eran los guardias de tráfico, los de pito y porra, los que mandaban a ritmo de silbato.
Por el contrario, la autoridad moral no se atribuye por nadie, ni se adquiere al superar unas pruebas más o menos difíciles, se la gana uno mismo y es reconocida por los demás, es algo intangible pero desde luego cuesta años de esfuerzo, de dedicación cada uno a su actividad, de coherencia, de respeto hacia los demás, de interés por lo que se hace. Esta es la autoridad que han de tener los maestros y el estado habrá de facilitarles los medios, entre otros: retribución adecuada a la vital función social que desempeñan, formación continua, material informático, equipos de terapeutas y psicólogos para la comunidad educativa (maestros, alumnos y padres)…
Cuando la relación entre dos colectivos son difíciles, la solución a sus problemas de convivencia ha de ser negociada y no impuesta por ninguna autoridad legal. Qué solución propondrá Doña Esperanza para médicos y enfermeras en su trato con los pacientes y para las azafatas con los pasajeros y finalmente para los padres con sus hijos.
Muy probablemente lo que pretenden los ideólogos de la derecha, al igual que la iglesia en otro tiempo, es mantener al pueblo llano en la mayor ignorancia posible, para ello nada mejor que enfangar la escuela publica. Ellos ya tienen sus caros y elitistas colegios privados o ¿quizás únicamente quieran retomar el axioma de la letra con sangre entra?.